lunes, 6 de mayo de 2013


“La seguridad y la salud, como casi todos los bienes, están desigualmente distribuidos: mientras tanto las mujeres continuarán abortando... grupos y redes personales continuarán subsanando la ausencia del Estado. ¿En qué condiciones? Dependerá del poder adquisitivo”...
 “La disputa penal es sólo una de las aristas del problema y que por lo general lleva a un callejón sin salida: la querella principista acerca del valor de la vida por nacer versus la autonomía de las mujeres para elegir y determinar sus planes de vida. Discusión que, por otro lado, puede producir perplejidad si la bajamos a esta simple pregunta ¿cómo obligar en términos prácticos (y no morales) a una mujer a llevar adelante un embarazo? Pues bien, es en ese plano que la ley penal adopta protagonismo porque delimita si es o no un delito. No entraremos de manera directa en esa discusión en este dictamen. Pero sí diremos que ese marco, la restricción del análisis a ese nivel abstracto, acarrea el riesgo de dejarnos miopes en relación con el problema concreto de una práctica que, precisamente, se reproduce a espaldas de la legalidad”
 Federico Delgado 
 Fiscal federal porteño

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